La Generalitat aprobó, el 3 de diciembre, el proyecto para la erradicación del amianto en Cataluña, un nuevo marco legal que, una vez aprobado por el Parlament, permitirá avanzar en la eliminación eficaz y segura de este material de edificios e instalaciones.

La Ley posibilitará una actuación común de todas las administraciones públicas para acabar con la presencia del amianto y los efectos nocivos que tiene sobre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

Pretende facilitar la localización de los materiales que contienen amianto, garantizar la seguridad y la salud de las personas que gestionan su retirada y de la población en general y asegurar una atención adecuada a las personas con problemas de salud derivados de la exposición al amianto.

El impulso de esta iniciativa legislativa no hubiera sido posible sin el compromiso y la implicación de entidades cívicas y sociales, asociaciones vecinales, gobiernos locales y agentes sociales, y varios departamentos de la Generalitat.

En Cataluña se calcula que hay unos 4 millones de toneladas de fibrocemento y entre 6 y 30.000 toneladas de materiales proyectados y aislantes, entre otros materiales. En 2021 se prohibió su uso, producción y comercialización.

Gran parte se instaló entre los años 60 y finales de los 80, y se considera que todos estos materiales ya han llegado al final de su vida útil o la están alcanzando, y ahora es necesario retirarlos.

Aunque se han llevado a cabo diversas acciones sectoriales para erradicarlo, nunca se ha abordado de forma transversal. La Unión Europea recomienda su retirada en 2028 de todos los edificios públicos, y del conjunto de la Unión, en 2032.