La nueva normativa establece cuándo se puede actuar contra una ocupación ilegal. La Administración podrá intervenir siempre que «el inmueble esté ocupado sin permiso (como un contrato de arrendamiento) y esta situación haya generado una alteración de la convivencia, el orden público o ponga en peligro la seguridad o integridad del inmueble». Todo ello, tras haber constatado que los propietarios son grandes tenedores y que no han iniciado las acciones de desalojo requeridas por la administración competente.

En segundo lugar, la citada ley hace hincapié en que los grandes tenedores de inmuebles ocupados asuman su obligación de actuar para llevar a cabo el desalojo. Se trata de presionar a los propietarios para que no se desentiendan de un problema que afecta principalmente a las comunidades de vecinos. ¿Qué ocurre si el gran tenedor no actúa? La junta de propietarios donde se encuentra la vivienda ocupada o los vecinos de ésta pueden solicitar al ayuntamiento que inste al propietario a cumplir con su obligación.